23 SET. 2015
LA HABANA.- Con los dos máximos responsables frente a frente, el gobierno colombiano y las FARC lograron zanjar ayer el mayor escollo en las actuales negociaciones de paz: la rendición de cuentas ante la justicia por los crímenes de los insurgentes, algo que los deja muy cerca de un histórico acuerdo para acabar con el conflicto armado.
El presidente Juan Manuel Santos y el comandante Rodrigo Londoño (alias "Timochenko"), que lidera las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), viajaron a La Habana para proclamar, en un encuentro inédito, el acuerdo sobre la llamada Jurisdicción Especial para la Paz. El presidente cubano, Raúl Castro, participó de la firma de los acuerdos jurídicos.
El Estado de Colombia otorgará la amnistía "más amplia posible" para los delitos políticos, pero dejará fuera de esa medida los crímenes que la legislación nacional tipifique como de lesa humanidad, genocidio o graves crímenes de guerra, según el acuerdo.
Entre los delitos que quedarán fuera de ese indulto también figuran otros actos graves como la toma de rehenes, privaciones graves de la libertad o la tortura, según el comunicado conjunto que leyeron los representantes de los países garantes, Cuba y Noruega. También quedarán fuera de la amnistía crímenes como el desplazamiento forzado, desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual.
"Esos delitos serán objeto de investigación y juzgamiento por parte de la jurisdicción especial para la paz", que las partes acordaron y que facilita el camino a un acuerdo de paz, que esperan firmar el 23 de marzo del año próximo.
Luego de que Francisco exhortara el domingo pasado, durante su visita a Cuba, a no perder más tiempo en el proceso de paz, que lleva tres años de avances y retrocesos, Santos se trasladó a la isla para formalizar el consenso sobre cómo se someterán los guerrilleros a la justicia, un tema que en su momento hizo peligrar las negociaciones.
Para llegar a este consenso las partes se demoraron meses, en medio de enfrentamientos. Santos siempre sostuvo que las FARC debían someterse a la decisión de la justicia como condición para sellar un acuerdo, pero los guerrilleros rechazaron sistemáticamente la posibilidad de ir a la cárcel, y advirtieron que no dejarían el campo de batalla para ser tratados como criminales, en contra de lo que pidieron organismos internacionales. Entre los crímenes en su haber figuran el secuestro de civiles, el reclutamiento forzoso de menores y la participación en el tráfico de drogas.
A pesar de las tensiones, el gobierno y las FARC lograron acuerdos fundamentales en las negociaciones, como la transformación de la guerrilla en un partido político y la lucha contra el narcotráfico.
Las FARC mantienen un cese unilateral del fuego desde el 20 de julio y el gobierno suspendió los bombardeos a sus campamentos, dos gestos destinados a reducir la intensidad de la confrontación.
Tras este acuerdo, los negociadores aún deben llegar a un mecanismo para que los rebeldes se desmovilicen, entreguen sus armas y reparen a sus víctimas. Santos prometió a los colombianos ratificar lo acordado con las FARC en Cuba en un referéndum.
FUENTES: AP, AFP y Reuters